La Fiscalía de Milán ha establecido que la ley que otorga inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado es inconstitucional porque viola la igualdad de los ciudadanos ante la ley, informaron hoy los medios de comunicación italianos.

La Fiscalía de Milán así lo argumentó en una memoria que presentó ante el Tribunal Constitucional, en la que estableció además que se trata de una norma que no fue introducida en el ordenamiento con una ley constitucional como habría sido necesario.

Asimismo, motiva su decisión en el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos cuando en 1997 negó al entonces presidente Bill Clinton su petición de suspender el proceso por acoso a Paula Jones amparándose en su cargo, al considerar que las acusaciones no concernían a su función pública.

La ley, conocida como "lodo Alfano", establece la suspensión de procesos penales, incluidos aquellos anteriores a acceder al cargo, contra el Jefe del Estado, el presidente del Gobierno y los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado

Por su parte, los abogados de Berlusconi señalaron en sus alegaciones que dicha ley no viola ningún principio de igualdad entre los ciudadanos ni confiere "inmunidad" puesto que es posible renunciar a la suspensión del proceso y que dicha "suspensión no puede reiterarse si se pasa de una función a otra".

La memoria de la Fiscalía llega pocas semanas antes de que se celebre, el próximo 6 de octubre, una audiencia pública en la que los jueces constitucionales tendrán que decidir si el jefe del Ejecutivo podrá seguir acogiéndose a la ley que le otorga la inmunidad.

El "lodo Alfano" ha permitido hasta ahora que se "congelen" varios procesos en los que se ha visto implicado Berlusconi, entre ellos el juicio por el supuesto pago de 580.000 euros al abogado David Mills para que falsificara su testimonio en dos procesos celebrados en 1997 y 1998 contra el mandatario de los que fue absuelto.

Ya en 2004, el entonces Gobierno de Berlusconi logró la aprobación de una ley similar al "lodo Alfano" para garantizar la completa inmunidad de los cinco altos cargos del Estado.

Sin embargo, en esa ocasión el Tribunal Constitucional anuló la ley sobre esta prerrogativa por considerarla contraria a los principios de la Carta Magna.