El presidente de una de las primeras operadoras nacionales de telefonía ha viajado desde las Antillas hasta Roma en un jet privado para ir a la cárcel. Un senador resulta elegido directamente, papeleta por papeleta, por la ‘Ndrangheta, la mafia de Calabria. Un exultraderechista, que según los magistrados era el actual embajador de la mafia en la capital, se había comprado un restaurante entero «para no tener que comer solo». La ola nacional de corrupción que los magistrados italianos están destapando desde hace dos semanas podría resultar pintoresca sino fuera porque de por medio está un país.
Italia asiste atónita al desmoronamiento del plató aparentemente perfecto que los conservadores habían evocado desde que ganaron las elecciones en el 2008. En 15 días casi 100 personas han ingresado en la cárcel y más de medio centenar son investigadas. El hechizo ha terminado y la crisis se ceba ahora en el desempleo, que alcanza el 8,2%, y en la deuda pública, que roza 120%
Las detenciones empezaron el 10 febrero, cuando fueron arrestados Angelo Balducci, presidente del consejo superior de Obras Públicas, el funcionario público Fabio De Santis, el constructor Diego Anemone y Mauro della Giovampaola, responsable de las obras para acoger la cumbre del G8 que debía celebrarse en la isla de La Maddalena (Cerdeña) el pasado mes de julio. Pero el 7 de abril se produjo el terremoto en L’Aquila y la reunión del G8 fue trasladada allí por razones de austeridad.
Las obras, la gestión del cambio de sede y las labores de emergencia del seísmo fueron encomendadas a Protección Civil (PC), con licencia para prescindir de la licitación de contratas.
Tirando del hilo de PC, los magistrados han reconstruido en 20.000 páginas una compleja red de asignación arbitraria de obras, favores –incluso sexuales– y comisiones por miles de millones de euros. PC se ocupaba de las emergencias, pero también de cualquier evento especial, como la construcción o reconstrucción de teatros, prisiones o monasterios, así como organizar el Gran Premio de Fórmula 1 en Roma, la Expo 2015 de Milán o una fiesta popular.
Dinero que iba siempre a las mismas empresas. Algunos de sus propietarios se reían la noche del terremoto de L’Aquila. «Hay que despegar en cuarta. Habrá reconstrucción para 10 años», decían en sus teléfonos pinchados. Un fiscal de Roma, Achille Toro, informaba a los interesados de las investigaciones.
Los manejos en la cumbre del G8 se repitieron a las pocas semanas en los Mundiales de natación celebrados en Roma: la mayoría de las piscinas utilizadas en el campeonato, construidas a través de PC, han sido incautadas por ilegales. El Tribunal de Cuentas cifró en enero el aumento de la corrupción en un 229%.
Paralelamente, los magistrados han destapado un ingenioso blanqueo de dinero y evasión fiscal. Fastweb, operadora que introdujo la banda ancha en Italia y que fue comprada sucesivamente por Suisscom por 3.100 millones de euros, facturaba un tráfico telefónico inexistente a Telecom. Evasión del IVA y blanqueo por 2.000 millones. Sesenta personas en la cárcel.
El artífice fue Gennaro Mokbel, antiguo miembro de la extrema derecha, tránsfuga de partidos y representante de la ‘Ndrangheta en Roma. Fue Mokbel quien propició la elección de Nicola Di Girolamo a senador de los italianos residentes en Europa. La mafia calabresa se desplazó a Bruselas a cazar o comprar las papeletas en blanco de los electores. El político dimitirá hoy y será encarcelado. «No tengo nada que ver con la mafia», dijo. Pero a las pocas horas salieron las fotos de una cena electoral con Mokbel y el capo calabrés, Franco Pugliese.
Sociedad anónima
Este mes Guido Bertolaso, jefe de Protección Civil, estaba por ser nombrado ministro de Cultura, pero el escándalo ha parado el nombramiento. También frustró la transformación de PC en sociedad anónima, lo que habría oficializado su libertad de acción y ha frenado otro proyecto más ambicioso: la creación de Beni Culturali S.A., que habría privatizado de facto la explotación comercial de todo el arte italiano. Una lotería de por vida.
«La batalla por la legalidad es el único camino para que la economía vuelva a arrancar», ha comentado Emma Marcegaglia, presidente de la Patronal, subrayando que en Italia «se requieren cuatro años entre decidir un proyecto y adjudicarlo». Frente al alud de corrupción, el comunista Fausto Betinotti, jubilado de la política, ha escrito que «una parte de la burguesía está intentando salir del berlusconismo».
La explosión del plató se ha producido a un mes del voto en 13 autonomías y los conservadores del primer ministro, Silvio Berlusconi, lo están pasando mal. Los progresistas mantienen un perfil bajo y un nuevo «pueblo violeta» de 300.000 jóvenes sin partido se rebela por internet.
En ese maremoto político, ético y social, Berlusconi ha anunciado la creación de un ejército de jóvenes a los que ha llamado «promotores de la libertad», porque, ha dicho, «vivimos en un Estado policial».
Los comentaristas coinciden en el diagnóstico: la Segunda República no resiste más. "La infinita paciencia de los italianos se ha agotado" (Marcello Veneziani, en Il Giornale); "el sistema de poder ha llegado al tipping point, el punto de no retorno" (Barbara Spinelli, La Stampa); "la olla está a punto de explotar" (Paolo Mieli, ex director de Il Corriere della Sera).
Una escena refleja el estado de ánimo. El otro día, los periodistas piden al jefe del Estado, Giorgio Napolitano, su opinión acerca de la corrupción. El presidente, un hombre exquisito, al que las encuestas dan un 83% de apoyo de los italianos, responde esquivo como pocas veces: "Pregunten a otros". La escena acaba dos días después. Napolitano acude al concierto del pianista Maurizio Pollini en el auditorio romano de Santa Cecilia. Cuando entra, la platea se pone en pie y ovaciona largamente al presidente. Muy largamente. Como queriendo decir: queremos vivir en un país limpio.